El valor de la consulta en la definición de políticas públicas.

                                            Por Francisco Sánchez Yascaribay

En los últimos días en Ecuador hemos notado con preocupación, la forma como se ha venido dando el tratamiento de la expedición de la nueva Ley de Agua por parte de la Asamblea Nacional que durante el proceso de construcción de la misma, ignoraron la norma constitucional que establece el derecho que tienen los pueblos y nacionalidades hacer consultados antes de la adopción de una medida legislativa. También, la actitud del presidente de la República del Ecuador, que airadamente, amenazó con vetar la nueva ley, si la Asamblea Nacional recoge los planteamientos que el sector indígena ha puntualizado. 

No está por demás recordar que cuando una persona se apega a sus opiniones y se niega abrir su mente para tratar de comprender las ideas de los demás, surge el conflicto y la desunión, los cuales tienen el efecto de bloquear cualquier acción o progreso. 

Es fundamental acatar el Mandato del Gran Ser, que expresa: “En todas las cosas es necesarios consultar. La madurez del don de la comprensión se manifiesta a través de la consulta”. La consulta es una forma de dialogo dirigido a tomar decisiones en forma cooperativa. Se caracteriza por el intercambio de perspectivas sobre un tema o problema con el fin de llegar a una conclusión y acatar la decisión que integra la riqueza de una diversidad de enfoques. 

 

Establecer acuerdos a través de la consulta, adoptada libre de prejuicios, temores e intereses mezquinos, debe llevarnos a valorar, respetar y aplicar lo acordado. Pues, constituye un mandato supremo vinculante. Ni el presidente, ni ninguna autoridad alguna, deben desconocer esta verdad.

La Norma Constitucional, así lo corrobora al expresar: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad…”.   La autoridad no puede estar por encima de la voluntad del pueblo, pues el pueblo lo ha designado como fideicomisario del bien público y le debe obediencia. Además hay instrumentos internacionales que nos dice que la consulta es vinculante. 

Irrespetar o desvalorizar los acuerdos fruto de un consenso logrado a través de la consulta, no solo implica violar la normativa jurídica nacional e internacional, sino que constituye un desatino tiránico que debe ser repudiado y extirpado por los hombres libres, pues no se puede permitir una burlan al pueblo. Además constituye una confirmación de que el modelo obsoleto de democracia y economía sigue vigente, adornado por unas dadivas de pequeñas reformas sociales.

Esmeraldas, Mayo, 22 de 2010