LA EAPA SAN MATEO Y SU IMPACTO EN EL BIENESTAR ESMERALDEÑO

POR FRANCISCO SÁNCHEZ YASCARIBAY

¿Ha sido eficiente y eficaz el modelo de gestión de la empresa EAPA San Mateo? ¿Se ha desterrado la politiquería de la empresa y el despilfarro? ¿Cuánto gasta en publicidad la empresa? ¿Ha recibido apoyo financiero de los gobiernos de turnos para prestar un adecuado servicio de agua potable? ¿Ha existido política institucional para precautelar que el estiaje del río afecte la distribución del servicio de agua? ¿Cuánto se ha reducido la cartera vencida de pago del servicio de agua potable?  ¿Es limpia y de calidad el agua que recibimos?  ¿Quién debe responder por todo el perjuicio que causa la falta de agua en Esmeraldas? ¿Será necesario liquidar esta empresa para dar surgimiento a una nueva?

Hace 19 años, se creó por ministerio de la ley, la EAPA San Mateo, con la esperanza de garantizar un buen servicio del suministro de agua potable a la población esmeraldeña, y desterrar la inoperancia, la politiquería y el clientelismo, de la misma.  

Los efectos del modelo de gestión implementado por la empresa, nos demuestra que  esta institución, ha sido, un fracaso. Y el fracaso en realidad no ha sido por falta de dinero.  Pues, desde su creación, pingüe suma de recursos económicos ha recibido la EAPA San Mateo de cada gobierno de turno. Sólo el actual gobierno del Eco.  Rafael Delgado, ha entregado alrededor de 26 millones de dólares para atender los mismos problemas que en sus momentos oportunos, los administradores de la EAPA, solicitaran a los anteriores gobiernos.

Con la salvedad del caso, muchos de los presidentes ejecutivos de la EAPA San Mateo, nombrados a dedo, sin la suficiente experiencia, creatividad, perspicacia y compromiso social, no han conducido la empresa   por los principios de: lo apropiado, calidad, eficacia y eficiencia.  Fruto de aquello, vemos una empresa que sigue hundida en el fango de la inoperancia. La empresa continua convertida en un instrumento de promoción y carrera política, un espacio al culto a la personalidad, despilfarro y demagogia. Un barril sin fondo que se ha constituido en un cáncer social que urge extirpar de raíz.

Señores, el agua es un derecho fundamental irrenunciable, no se puede bajo ningún pretexto restringirse su acceso, ni debe proveerse este líquido vital sin garantizarse que sea un producto de calidad, y sin aplicar métodos de prevención de la contaminación y estrategias de control y restauración de las fuentes de provisión, captación y distribución del agua.

Ya basta de seguir permitiendo que nuestra población infantil se sume al 1,5 millones de la población de niños menores de cinco años que mueres anualmente a causa de enfermedades trasmitida por el agua, o que sigamos siendo parte de esos 884 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Basta de seguir dejando actuar al libre albedrio a esta institución con su equipo de funcionarios que han demostrado inexperiencia y negligencia en la gestión e irresponsabilidad administrativa.

Es hora de exigir justicia. La norma constitucional así lo establece: Art 11, numeral 9, expresa: “El Estado, sus delegatarios, concesionarios, y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos…” Art. 233.- “Ningún servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativas, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”.

Siendo que los derechos son justiciables y que “el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. El defensor del pueblo debe actuar de oficio y proceder a plantear una demanda en contra del Estado, que con estas actuaciones de indiferencias ante sus funcionarios, está contribuyendo a la cultura de violencia, inoperancia, impunidad y  frustración social e ilegitimidad institucional.

Pienso, que aunque la norma constitucional faculta al gobierno municipal de prestar el servicio público del agua potable, no hay que olvidar las lecciones aprendida durante todas estas décadas de administración y funcionamiento de las empresas de agua potable que hemos tenido en Esmeraldas (EMAPYA – EAPA).  Creo, por la experiencia que hemos vivido, que se debe constituir  una empresa que no esté bajo el control del GAD del cantón  ni del gobierno. Hay que crear una nueva estructura empresarial, que enfoque su gestión y administración de manera sistémica, que rompa esquemas mentales de prejuicios, paternalismo e inoperancia. Una empresa tripartita  (Gobierno, GAD y sociedad civil) constituida por  un consejo de agua, en donde cada miembro sea  accionista. Facilitándosele a los trabajadores y a sectores sociales del pueblo tengan acceso a la compra de acciones. Así el pueblo y los mismos trabajadores, al interior de ella, podrán garantizar la sostenibilidad y tener fuerza política en la toma de decisiones y fiscalización de la misma.

La junta de agua y accionista que se crea en la nueva empresa, contando con la veeduría del Consejo Nacional de Participación, deberá nombrar un administrador o administradora y equipo técnico, seleccionados de un concurso de mérito y oposición. El administrador debe entregar una póliza de garantía por el manejo administrativo, técnico y económico de la institución, la misma que deberá ser ejecutada, cuando, como consecuencia de sus actos, se proporcione un servicio ineficiente y vulnere derechos constitucionales, sin perjuicio de iniciársele una acción procesal. Así acabaremos con el compadrazgo, la politización y la inoperancia, y daremos surgimiento a un nuevo enfoque de administración, gestión y responsabilidad social empresarial.