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Por Francisco Sánchez Yascaribay
“El que vive sin objeto en medio de las penas y miserias no tiene derecho a quejarse de la suerte, dado que en sus manos tiene el eficaz remedio” anónimo
El 22 de diciembre de 1994 en el Semanario “Nueva Opinión” de circulación local, escribí el artículo de prensa: Impunidad al delito, en donde explicaba el valor cultural y económico que representaba para los esmeraldeños el río Esmeraldas y, cómo éste y sus pobladores eran y son vulnerables a morir lentamente; por un lado, por los constantes y sistemáticos derrames de petróleo; por otro, por los altos índices de contaminación ambiental provocada por las aguas servidas que allí se depositan, como por sustancias químicas arrojadas por las gasolineras, lubricadoras e industria maderera existente en los sectores aledaño a la ribera del río. Así como también por la aptitud indolente de las autoridades del gobierno central como de los gobiernos locales, que no han hecho nada de trascendental importancia para salvaguardar la existencia del ambiente del lugar y de sus pobladores.
Han pasado más de 6 años de aquel entonces y se sigue cometiendo la más cruel e indolente violación fragantes de los derechos humanos por parte del Estado que ha sido negligente e insensible ante el conglomerado social que allí habita, que por cierto son más de 20 mil agraviados, entre niños, niñas, jóvenes y adultos.
Cabe decir que algunas autoridades locales y ONG sin escrúpulos, aprovechando el contexto contaminante que sufre la ribera del río Esmeraldas, han mostrado su “preocupación” para sacar grandes sumas de dinero con propuestas de proyectos inconsultos e insostenibles, que se han esfumado de sus manos sin que autoridad de control alguna exija cuenta por los dineros recibidos.
En razón de que es un deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales
Siendo que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución
Conociendo que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.
Estando enterado que la Constitución del país, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el sumak kawsay
Sabiendo que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza
En función de que las autoridades competentes no han garantizado el fiel cumplimiento de la Norma Constitucional. Y conociendo que los derechos son justiciables
Cabe que los dirigentes barriales y profesionales que habitan en la ribera del río Esmeraldas, se organicen y constituyan una asamblea local para proceder a demandar al Estado, en razón que se está atentando contra lo más esencial del ser humano, su dignidad elemental y sus derechos fundamentales de vida. Legando así un precedente histórico jurídico que marcará el destino de los pueblos y el ejercicio ciudadano a defender sus derechos.
Esmeraldas 15 de febrero del 2011
